Por primera vez con el Protocolo de Kyoto (1997) los países desarrollados se comprometen a reducir sus emisiones. Concretamente, obliga a que el conjunto de los países industrializados que lo han ratificado, reduzcan sus emisiones en un 5% con respecto a 1990 para el período 2008-2012.
Para lograr este objetivo, y de acuerdo con el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, a cada país desarrollado, llamado anexo I en el Protocolo, se le asigna una cuota de reducción. A su vez, la UE ha redistribuido su objetivo entre los Estados miembros, según su nivel de desarrollo económico. En este reparto, que se conoce como «burbuja comunitaria» a España le corresponde un incremento de un más 15% con respecto a las emisiones de 1990, aunque los datos del año 2005 indican que ya se ha sobrepasado en más de un 50%, lo que sitúa a nuestro país muy lejos de estos objetivos.
El Protocolo introduce tres mecanismos de flexibilidad, que persiguen un doble objetivo: por un lado facilitar a los países desarrollados el cumplimiento de sus obligaciones de reducción de emisiones de una manera más eficiente y por otro promocionar la financiación de «proyectos limpios» en países en desarrollo. Estos mecanismos de flexibilidad son los siguientes:
Comercio de emisiones
Se establece la posibilidad de que los países desarrollados, con compromisos que limitan sus emisiones, comercien con unidades de derechos de emisión. Las empresas a las que se les han otorgado estos permisos de emisión de gases de efecto invernadero pueden vender los derechos que no han utilizado, por haber diminuido sus emisiones, o deben comprar derechos si no han conseguido reducirlos hasta el nivel que les correspondía.
De momento se ha regualdo este mecanismo dentro de la Unión Europea que aprobó la Directiva 2003/87/CE por la que se regula este mecanismo de flexibilidad. Se aplicará a las emisiones de dióxido de carbono procedentes de instalaciones que desarrollan las actividades afectadas: generación de electricidad, el refino, siderurgia, cemento, cal, vidrio, cerámica y papel.
A nivel nacional, este comercio se regula a través del Plan Nacional de Asignación (PNA), que consta de dos períodos de funcionamiento, 2005-2007 y 2008-2012. Durante el primero de ellos se pretende estabilizar las emisiones a niveles de 2000-2002 y en el segundo período se logrará reducir estas emisiones hasta un 37% más con respecto a las de 1990. La diferencia entre el 15% que establecía el Protocolo de Kyoto y el 37% que establece el segundo PNA será cubierta con la compra de emisiones en los mercados internacionales, que procederán en su mayoría de proyectos de mecanismo de desarrollo limpio.
Mecanismo de desarrollo limpio (CDM)
Un país desarrollado invierte en un país en desarrollo para la ejecución de un proyecto destinado a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Ambos países resultan beneficiados: el primero porque puede contar con las emisiones de gases de efecto invernadero que ha conseguido disminuir con el proyecto y el país subdesarrollado recibe un proyecto de tecnología limpia, que le permitirá desarrollarse de una forma sostenible y menos contaminante.
Implementación conjunta
Promueve el codesarrollo de las tecnologías avanzadas y su transferencia desde un país desarrollado a otro. En la práctica se lleva a cabo a través de asociaciones entre las compañías que invierten en los países altamente industrializados y sus homólogos en países que están haciendo su transición a economías de mercado. El socio inversor puede proporcionar la mayor parte de la tecnología necesaria y el capital financiero en tanto que el socio del país anfitrión puede proporcionar el lugar, el personal principal y la organización necesaria para el lanzamiento y el sostenimiento del proyecto. En este caso, se cuentan la mitad de las emisiones reducidas a cada país.
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