Exigiendo líneas de financiación específicas

Para llevar a cabo el Plan de Movilidad hace falta financiación específica que puede proceder de fondos públicos y privados. Los trabajadores deben exigir tanto a los ayuntamientos como a las empresas que se aprueben estas líneas de financiación.

La realización de los planes de movilidad de las empresas requiere un presupuesto específico para su elaboración, pero sobre todo para la puesta en funcionamiento de las medidas. Crear una base de financiación para destinarla a la mejora de la accesibilidad al trabajo es una herramienta imprescindible si se desea prosperar en la puesta en funcionamiento del plan.

El origen de estos fondos puede proceder de diversas fuentes, tanto públicas (procedentes de las administraciones públicas) como privadas (empresariado); en general sería necesario buscar un fondo constituido por la colaboración de ambos sectores. Además esta bolsa presupuestaria podría proceder igualmente de sistemas de financiación a través de esponsores que deseen patrocinar los modos alternativos de transporte.

En el caso español, el Plan de Acción de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética (E4) aprobado por el Gobierno contempla partidas especificas para elaborar planes de movilidad a los centros de trabajo con plantillas superiores a 200 trabajadores.

La Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de Reforma de las Haciendas Locales abre una oportunidad a la financiación de los planes de movilidad alternativa a los centros de trabajo al permitir la posibilidad de que las ordenanzas fiscales establezcan bonificaciones de hasta el 50% de la cuota del Impuesto de Actividades Económicas para los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y que establezcan planes de transporte colectivo o compartido para trabajadores, por ejemplo para el ahorro energético y la disminución de emisiones.

Los trabajadores deben revindicar a los ayuntamientos en los que se localice su empresa la aprobación de estas normativas locales ya previstas en la legislación que favorezcan la financiación de la movilidad sostenible a los centros de trabajo. Igualmente deben exigir a las direcciones de las empresas partidas presupuestarias específicas para costear el desplazamiento de los trabajadores en medios respetuosos con el medio ambiente. Igualmente deben trabajar directamente con las administraciones y los empresarios en la búsqueda de otras nuevas líneas de subvenciones destinadas a la movilidad sostenible y segura a las empresas.