El Juzgado de lo Social Nº3 de Gasteiz ha emitido una sentencia por la que se condena a Osakidetza a pagar 144.046,91 euros a la trabajadora del propio servicio público de salud a la que se le ha reconocido una incapacidad permanente absoluta por accidente de trabajo. El reconocimiento de esta incapacidad permanente absoluta ya fue hecho público por CCOO el pasado mes de septiembre, y tiene su origen en el trastorno adaptativo como reacción aguda a una situación de estrés, consecuencia de un conflicto laboral vivido por esta trabajadora en su entorno laboral.
La sentencia relaciona de forma directa el estado de salud de la trabajadora, así como los daños morales y profesionales sufridos, con la ausencia de una evaluación de riesgos psicosociales, lo que constituye un incumplimiento por parte de Osakidetza en sus deberes de protección a la salud de las personas trabajadoras. La ausencia de esta evaluación y de las medidas preventivas que de ella tendrían que derivarse ha sido denunciada por CCOO en numerosas ocasiones.
Debido a ello, se da también por probado que diversos aspectos que están en el origen del actual estado de salud de la trabajadora y que se manifestaban en el puesto de trabajo “no fueron controlados por la empresa puesto que no se evalúan los riesgos psicosociales” que afectaban a esta trabajadora, “ignorándose el problema y, con ello, coadyuvando a la producción del resultado causado”, esto es, la incapacidad permanente absoluta como consecuencia del conflicto laboral vivido.
CCOO de Euskadi recuerda que no sólo ha denunciado en determinadas ocasiones que Osakidetza no haya llevado a cabo la evaluación de riesgos psicosociales, sino también la pretensión de Osakidetza en determinados momentos de llevarla a cabo sin la participación de los representantes de los trabajadores.
En este sentido, tras la sentencia 101/2016 del Tribunal Supremo, que establece la obligatoriedad de que participen los delegados y delegadas de prevención en la evaluación de riesgos e incluso en la elección del método para llevarla a cabo, CCOO exige a Osakidetza que trabaje de forma efectiva, respetando el contenido de la sentencia del Tribunal Supremo, para que las condiciones de trabajo no dañen la salud de las personas trabajadoras, cosa que hasta ahora Osakidetza no ha hecho.
El sindicato también considera excepcionalmente grave que se tenga que hacer frente con dinero público a este tipo de indemnizaciones, teniendo en cuenta que el incumplimiento deriva en una situación de alta conflictividad que la dirección de la organización de servicios de Osakidetza contribuyó a mantener, agravando el estado de salud de la trabajadora hasta el punto de verse ésta afectada por una incapacidad permanente absoluta.