Los cambios introducidos en el Congreso en el proyecto de Ley de Responsabilidad Ambiental – la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados aprobó ayer el Proyecto de Ley - suponen un grave debilitamiento de las herramientas de prevención y gestión de los riesgos ambientales derivados de las actividades productivas incorporadas en su día en la norma, así como de las garantías económicas para hacer frente a los posibles daños ambientales que éstas pudieran ocasionar.
Para CCOO, este debilitamiento se produce como consecuencia de la introducción de una exención casi generalizada sobre la obligación de constituir una garantía financiera para hacer frente a la responsabilidad ambiental de los operadores, quedando restringida casi únicamente a las actividades e instalaciones afectadas por la normativa para la prevención y control integrados de la contaminación (IPPC). Con ello, “se pone en riesgo la reparación efectiva de un daño ambiental ocasionado por una actividad cuando ésta no esté cubierta por tal garantía”.
En consecuencia, también se limita la obligatoriedad de elaborar los Análisis de Riesgos Ambientales (ARA) a estas actividades e instalaciones, con lo que se restringe notablemente el número de empresas que deberían hacerlo, obviando el gran potencial de estas herramientas de gestión para conocer y gestionar correctamente el riesgo ambiental asociado al desempeño de una actividad.
Además, señala CCOO, con las modificaciones introducidas en la Ley, la valoración del riesgo ambiental y la cuantificación económica del mismo quedan en manos del operador, y no en las de la Administración, eliminando así cualquier control previo por su parte. “No sólo se reduce el número de operadores obligados a realizar los ARA y a constituir las garantías financieras en su caso, sino que se produce una importante simplificación en su tramitación que puede afectar al rigor en la elaboración de los mismos y que viene a reservar a la Administración un papel secundario en el proceso”, denuncia CCOO.
En opinión de CCOO, la reforma de la Ley de Responsabilidad Ambiental es un ejemplo más del proceso de desregulación ambiental, ante lo que se hace necesario un marco regulatorio que refuerce la integración de las consideraciones ambientales en la gestión empresarial como elemento impulsor de mejoras en la eficiencia y en la competitividad y generación de empleo. Esto debe ser acompañado de un aumento presupuestario en políticas de I+D+i del Estado y de los sectores industriales que promuevan la ecoinovación en nuestro tejido industrial, de las medidas fiscales oportunas para impulsar estas políticas y un reforzamiento de la Administración ambiental para liderar este proceso.
“Hay que destacar también que en la tramitación de la modificación legal no se solicitó en su día informe sobre la propuesta de reforma al Consejo Económico y Social, que ha sido aprobado nuevamente en Comisión Parlamentaria, sin permitirse su debate en el Pleno del Parlamento, y que se han rechazado la práctica totalidad de las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios de la oposición, como viene siendo habitual en esta legislatura cuando se trata de aprobar normas ambientales”, concluye el sindicato.
