Ni la Administración ni las empresas se han tomado en serio el cumplimiento de la normativa europea sobre control de sustancias químicas, según desvela el informe elaborado por el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) de CCOO sobre dos de estas normas: el reglamento REACH sobre evaluación y control y el de clasificación de sustancias químicas y etiquetado (CLP).
El proceso de registro de REACH establece que todas las sustancias fabricadas o importadas en más de una tonelada al año deben ser registradas y deben incluir información sobre sus usos y peligrosidad, en función del intervalo de tonelaje. A mayor tonelaje, mayor información debe ser aportada por las empresas que registren sustancias.
El Informe sobre el estado de implementación de los reglamentos REACH y CLP de ISTAS-CCOO destaca las graves deficiencias en la información sobre los riesgos de las sustancias aportada por las empresas durante el proceso de registro. Así, la gran mayoría (85,84%) de los 249 expedientes elaborados por la industria hasta abril de 2011 no cumple con los requisitos de información, ésta es escasa o deficiente, e incluso la identidad de las sustancias no está convenientemente descrita.
El informe señala también serias carencias en cuanto a la clasificación y el etiquetado de las sustancias y que las empresas no están cumpliendo el reglamento europeo CLP. Otra grave deficiencia del proceso de implantación de REACH es la falta de acceso a la información sobre la peligrosidad de las sustancias existentes en el mercado. El proceso de autorización de REACH establece que los productores de artículos que contengan sustancias altamente preocupantes presentes en la lista de candidatas deben informar a los consumidores (si así lo solicitan) sobre los riesgos para la salud y el medio ambiente que sus productos causan y sobre cómo protegerse de estos riesgos. La organización europea de consumidores ha enviado 25 cartas de solicitud de información a cada país europeo. Como resultado, han recibido diez respuestas satisfactorias en Suecia y Austria, nueve en Alemania, ocho en Francia, siete en el Reino Unido y sólo tres en Polonia y Dinamarca, una en Grecia y ninguna en España.
Tanto la Confederación Europea de Sindicatos (CES) como CCOO están trabajando desde el año pasado para que la Agencia Europea de Sustancias Químicas (ECHA) facilite en su web toda la información pública relativa a las sustancias registradas. A principios de año, tras la intervención de la Comisión Europea, la ECHA tuvo que reconocer que esta información debe ser publicada sin demora. Hasta el momento, cierto tipo de información no es pública. También el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad han denegado la información sobre las sustancias registradas por empresas españolas a CCOO, a pesar de constituir información medioambiental de carácter público.
