Descoordinación, Falta de recursos y dispersión de competencias en la Administración cuestionan la gestión del riesgo químico en España
CCOO propone la creación de una Agencia Española de Sustancias Químicas
En España mueren al año 4.000 trabajadores y 33.000 enferman a causa de la exposición a sustancias químicas peligrosas
La Administración, como garante de la salud de los ciudadanos y del medio ambiente, tiene el deber de prevenir y controlar el riesgo químico. Sin embargo, la descoordinación, la falta de recursos, la dispersión de competencias y la ausencia de iniciativas cuestionan la gestión que lleva a cabo la Administración a la hora de controlar el riesgo químico en España. Es una de las principales conclusiones del estudio que lleva por título "Gestión del riesgo químico por parte de las administraciones españolas", elaborado por el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) de CCOO y que se presentó ayer en rueda de prensa.
El riesgo químico es una amenaza para la salud pública. Se estima que cada año mueren en España 4.000 trabajadores, al menos 33.000 enferman y más de 18.000 sufren accidentes a causa de la exposición a sustancias químicas peligrosas en su trabajo. La incidencia del cáncer laboral en España ocasiona entre 2.933 y 13.587 casos nuevos cada año y entre 1.833 y 8.214 trabajadores mueren de cáncer de origen laboral. Los efectos sobre el medio ambiente son también muy inquietantes, ya que la liberación al entorno de las sustancias químicas provoca la contaminación de los ríos y mares, del aire, del suelo, de los alimentos y del agua.
Entre otras deficiencias y lagunas en la gestión del riesgo químico por parte de la Administración, el estudio elaborado por ISTAS señala que:
• Ninguna administración, ni central ni autonómica, cuenta con un diagnóstico general de la situación del riesgo químico que integre los diferentes campos de actuación (salud laboral, salud pública, medio ambiente, agricultura). Tampoco existen diagnósticos sectoriales del riesgo químico. Ninguna administración cuenta con una estrategia para prevenir el riesgo químico que defina objetivos y líneas de actuación.
• Existe una enorme dispersión de competencias. El número de autoridades implicadas en la gestión del riesgo químico es abrumador, solo a nivel central ocho ministerios tienen competencias específicas en gestión y control del riesgo químico y existen centenares de direcciones, subdirecciones y servicios implicados. Cada administración tiene unas prioridades y criterios propios.
• No existe ningún órgano ni red que coordine a los ministerios implicados en la gestión del riesgo químico. Se observa un elevado grado de aislamiento y disgregación de las actuaciones y se echa en falta una visión integradora. A nivel autonómico la situación es la misma.
• En general las administraciones solo cumplen las obligaciones vinculantes y estrictamente obligatorias establecidas por los acuerdos internacionales y normativa procedente de la Unión Europea. No existe iniciativa propia para elaborar políticas, programas o normativa para prevenir el riesgo químico.
• Los recursos humanos existentes en las administraciones son insuficientes incluso para cumplir las obligaciones mínimas de control del riesgo químico. Las mayores cargas de trabajo y escasez de personal se encuentran en las autoridades sanitarias y medioambientales tanto de ministerios como de comunidades autónomas.
• El déficit de personal técnico propio, al ir disminuyendo las plantillas, se intenta paliar con contratación de asistencias técnicas externas que supone una gran pérdida de tiempo y recursos, ya que la Administración está formando continuamente a personal contratado temporalmente.
• La subcontratación a entidades colab de tareas de control en las comunidades autónomas es percibida negativamente por el personal de las administraciones ya que la responsabilidad legal final de las autorizaciones o de los expedientes sancionadores es únicamente de los funcionarios por lo que el trabajo siempre recae tarde o temprano en ellos de nuevo.
• Las posibilidades de participación de organizaciones sociales y sindicales en las actividades de gestión del riesgo químico por parte de las administraciones son muy escasas.
¿Qué propone CCOO?
1. La elaboración de una estrategia integrada de control del riesgo químico, que contemple la salud pública, la salud laboral y el medio ambiente, que sea común a todas las administraciones y que cuente con la participación de todos los involucrados
2. La creación de una agencia de sustancias químicas, independiente u que aporte el apoyo científico y técnico necesario y llevara a cabo tareas de interlocución entre diferentes estamentos.
3. Aplicación de indicadores de gestión públicos, que permitan identificar aquellas áreas de actuación mejorables y valorar el progreso en el avance de las mismas.
4. Mayor grado de informatización de las Administraciones
