Los expertos analizan la transposición de la Directiva de la UE en la reunión de DimasoLab en Madrid
La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se inició como una herramienta de marketing especializada en la producción de folletos alabando los beneficios de las empresas. No por casualidad “Greenwashing” se estableció como un término habitual bien pronto. Sin embargo, últimamente el foco ha cambiado: la información no-financiera (INF) promete más objetividad y carácter obligatorio. Esto es fundamentalmente porque los inversionistas y los mercados de valores comenzaron a incluirlo en sus ecuaciones. La INF, por supuesto, podría ser una valiosa herramienta para los representantes de los trabajadores también. Pero hasta ahora todavía había mucho espacio para la inactividad en los estándares de presentación de informes no consensuados - y casi nunca la posibilidad de influir en la presentación de informes-. La Directiva 2014/95 / UE tiene el potencial de cambiar esto.
A partir del año fiscal 2017, empresas de toda Europa están obligadas a publicar los Informes de la INF, ofreciendo una gran oportunidad y un gran desafío al mismo tiempo.
CCOO y su Instituto de investigación ISTAS organizaron un encuentro internacional en Madrid sobre el impacto de la Directiva en las relaciones laborales, al que asistieron más de 30 expertos de 12 países europeos.
En opinión de Raquel Boto Gil, adjunta de la Secretaria de Acción Sindical de la Confederación Sindical de CCOO, experta en responsabilidad social empresarial y miembro del Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas (CERSE), 'el gran reto que afrontamos es la distribución de la riqueza. La RSE puede contribuir al éxito de este proceso y la Directiva Europea sobre divulgación de información no financiera, una oportunidad que no se debería perder'.
'La transposición de la Directiva de la UE a la legislación nacional debe ser supervisada y acompañada de cerca por los sindicatos para garantizar que se tengan en cuenta los intereses de los trabajadores', instó José Carlos González Lorente en la reunión de expertos en Madrid. González Lorente es responsable de Sostenibilidad en la Federación de Servicios de CCOO y también miembro del CERSE.
'Por lo tanto, tenemos que desarrollar capacidades para poder enfrentar las complejidades de la información no financiera', continuó González Lorente su apelación. Esta es la misión del proyecto DimasoLab que ha promovido la reunión.
Con el proyecto DimasoLab, la organización alemana Arbeit und Leben NRW ha puesto en marcha una red europea de expertos en INF relacionados con los sindicatos. Cuenta con el apoyo financiero de la Unión Europea y tiene por objeto mejorar los conocimientos sobre la transposición de la Directiva y evaluar su impacto en las relaciones laborales. El proyecto estará en ejecución hasta marzo de 2018 y pretende proporcionar impulsos para futuras acciones. Los resultados se discutirán con representantes sindicales y expertos de ONGs en una conferencia de validación en Bruselas. En enero de 2018 se presentarán a una audiencia más amplia en una conferencia final.
'Una mayor transparencia otorga a los sindicatos la posibilidad de comprometerse efectivamente a alcanzar una mayor equidad social. Debemos poner esta información en uso y articular los intereses de todas las partes interesadas de nuestra sociedad -pero de los empleados en particular', exige Peter Scherrer, Secretario General Adjunto de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), quien inauguró la reunión en Madrid. Kirstine Drew agregó a esta perspectiva que 'los sindicatos tienen una oportunidad única de dar forma al contenido de las normas de presentación de informes que a través de sus representantes en los grupos de trabajo técnicos del Global Reporting Initiative (GRI). También pueden participar en los órganos de gobierno de GRI ' y subrayó la necesidad de que los sindicatos participen en todas las etapas. Drew forma parte del Comité Consultivo Sindical para la OCDE (TUAC) y es coordinadora laboral de GRI.
Los primeros resultados del Proyecto DimasoLab demuestran que GRI es el estándar de informe más utilizado en Europa. Algunas empresas grandes todavía reclaman que la presentación de informes de sostenibilidad sería una tarea muy pesada a realizar. Para ellas, Juan Manuel Sánchez-Terán Lledó tuvo una buena noticia. 'Algunos pequeños ayuntamientos en España hacen ya informes según las normas GRI G3, que es como una calificación AAA. Si los ayuntamientos se las arreglan para hacerlo, esto tampoco debería ser un problema para las empresas, incluso si los informes se llevan a cabo con altos estándares', informó Sánchez-Terán Lledó, que representó al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en la reunión.
Si desea obtener más información sobre DimasoLab - Directiva 2014/95 / UE - Evaluación de impacto de la nueva Directiva sobre Relaciones Laborales, póngase en contacto con:
Antonio Ferrer (aferrer@istas.ccoo.es) o con Pilar Pedroso (ppedroso@istas.ccoo.es) de ISTAS.
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