Los juzgados de lo Penal tardaron una media de 79,61 meses en dictar sentencias condenatorias en 2016 en los casos de siniestralidad laboral, una media superior a la registrada en el año 2015 que fue de 68,75 meses. Estamos hablando de que los tribunales españoles tardan una media de 6 años y 6 meses desde que se produce el accidente laboral hasta que dictan sentencia. Los datos provienen del la memoria anual del Ministerio Fiscal que ha reclamado a la Administración de Justicia más "rápidez y agilidad" para reducir los tiempos de espera desde que se detecta un siniestro laboral hasta el dictado de la sentencia por el juez de lo Penal.
. 'Este largo lapso de tiempo implica, además, una mayor dificultad para celebrar el juicio y sostener el escrito de acusación ante la eventual falta de localización de acusados y testigos y la lógica falta de precisión de sus declaraciones tantos años después de ocurridos los hechos', según la Fiscalía.
Mientras, el tiempo trascurrido desde que los Juzgados de lo Penal dictan sentencia hasta que las Audiencias Provinciales resuelven los recursos de apelación que se han planteado contra las mismas es de media de 11,88 meses, muy próximo al año.
El Ministerio Fiscal concluye que un accidente de trabajo que agota la vía judicial tiene una media de duración de 92,54 meses, o lo que es lo mismo 7,71 años, 'plazo que mal puede conjugarse con una rápida y ágil administración de justicia'.
El organismo analiza los datos de siniestralidad laboral correspondientes y señala que 'aun cuando de forma particular los accidentes mortales han descendido, los números globales indican que la siniestralidad laboral, tras unos años de sueño letárgico, ha despertado nuevamente'.
Al respecto, apunta que 'un ligero repunte de la economía ha producido un mayor número de accidentes, lo que habría que intentar evitar mediante un sistema reforzado de medidas przada en siniestralidad laboral observa 'con gran preocupación' la dificultad para conocer todos los procedimientos que se han incoado por los distintos Juzgados de Instrucción, y en particular, los que se inician por denuncia o por el parte de asistencia médica, quedando fuera del control de los fiscales.
