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España, condenada por negar a una madre la jornada reducida
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dado un espaldarazo al derecho de las madres a reducir la jornada laboral para cuidar a sus hijos. La institución, con sede en Estrasburgo, da la razón a una mujer que llegó a pedir amparo al Tribunal Constitucional porque el supermercado en el que trabajaba a tiempo completo no aceptó la propuesta de reducción de jornada que ella presentó para encargarse de su hijo, menor de seis años. El Estado deberá ahora indemnizarla con 16.000 euros más intereses de demora.
El caso se remonta a febrero de 2003, cuando la trabajadora Raquel García Mateos, residente en la localidad madrileña de Perales del Río, pidió trabajar media jornada, distribuida en tres tardes a la semana, de lunes a miércoles, para conciliar su vida laboral y familiar. El empleador, cuya identidad no facilita la sentencia, rechazó concederle ese turno y en su lugar le ofreció rotación de mañanas y de tardes, de lunes a sábado. García Mateos decidió entonces acudir a los tribunales. UGT ha informado hoy de que sus servicios jurídicos asistieron a la trabajadora en su reclamación contra el supermercado Alcampo.
La primera respuesta fue desfavorable. En primera instancia, un juzgado de Madrid quitó la razón a la trabajadora alegando que lo que solicitaba no era una reducción de su jornada sino una modificación de la misma. La empleada elevó el caso al Tribunal Constitucional alegando una discriminación de género. La solicitud se basaba en otros casos similares en los que la justicia considera que hay discriminación por sexo cuando la aplicación de una norma afecta mucho más a un género que al otro, lo que los tribunales denominan discriminación indirecta. En este caso, la reducción de jornada la solicitan fundamentalmente las mujeres, por lo que cualquier violación de ese derecho, aunque la norma no esté concebida expresamente para las trabajadoras, puede considerarse discriminatoria por razones de sexo.
El Tribunal Constitucional concedió el amparo a García Mateos y anuló la sentencia del juzgado de Madrid, pero cuando el caso volvió a la primera instancia, en septiembre de 2007, el juez le negó la razón. El juzgado número 1 consideró que la demandante no había justificado suficientemente la necesidad de acogerse a esos nuevos horarios de trabajo, por lo que la mujer siguió sin poder ejercer su derecho y volvió a recurrir al Constitucional.
Con la demora de todo el proceso, el hijo al que la empleada pretendía cuidar con la reducción de jornada cumplió los seis años, la edad límite cubierta por el derecho que tienen los padres a reducir la jornada para cuidar de sus hijos. García Mateos informó al Tribunal Constitucional y reclamó una indemnización de 40.986 euros porque ya no podía ejercer el derecho que reclamaba a la justicia.
Disminuye el número de trabajadores que fuman
«Sigo viendo mal y, pese a ello, me dan el alta», denuncia un ex trabajador de IMSA
A José Luis Blanco Fernández le han diagnosticado escotomas en los dos ojos. «Sigo viendo mal», dice, «y, pese a ello, el tribunal médico me acaba de denegar la revocación que presenté al alta médica», se lamenta. Blanco Fernández es uno de los 52 ex trabajadores de la empresa Ingeniería Montajes del Norte (IMSA) afectados por la intoxicación por mercurio detectada hace casi tres meses en las instalaciones de Asturiana de Zinc (Azsa), en San Juan de Nieva. «Lo que quiero es que el Principado haga el seguimiento que me había prometido», apunta. La dirección general de Salud Pública anunció durante una charla ofrecida en Oviedo por el médico Santiago Español, llamado por Azsa, que los afectados por el mercurio tendrían un seguimiento continúo durante dos años.
Un escotoma, explica Blanco Fernández, «es un defecto en los nervios centrales de los ojos». El soldador gijonés había superado los 40 microgramos de mercurio en sangre de mercurio en los primeros análisis de sangre. «Ahora, es cierto, estoy por debajo de los límites, pero veo mal y un informe oftalmológico lo certifica», apunta Blanco.
«Nadie me ha examinado. Los del tribunal médico, sí, pero estoy diciendo que veo mal y no hacen caso», subraya el trabajador. «Ahora estoy en el desempleo porque no tengo lo suficiente para acceder al subsidio», se lamenta.
Vivir bajo el síndrome del 'superviviente'
Entre la fortuna y la desventura, entre la esperanza y la desesperanza. A veces la distancia que separa lo uno de lo otro es mínima, tan escasa que hay que agudizar mucho los sentidos para comprobar que existe. Porque, en ocasiones, una moneda no tiene dos caras diferentes; en ambas está estampada la más absoluta de las incertidumbres.
Es la situación a la que se enfrentan cada día de forma más habitual muchos trabajadores, la que se vive en muchas empresas y a la que los profesionales de la salud laboral intentan aportar soluciones. El síndrome del superviviente se ha convertido, tristemente, en una patología creciente en el mercado laboral. Despidos, reestructuraciones de plantilla, expedientes de regulación de empleo provocan en los trabajadores que ven modificada severamente su condición laboral, tanto los que se van como los que se quedan, problemas psicológicos (angustia, ansiedad o sentimientos de culpa) pero también físicos.
Abordar estas situaciones ha sido una de las prioridades del área de Salud Laboral de CC OO en 2012 a la hora de trabajar en materia de riesgos psicosociales. Atrás quedan los años en el que el síndrome del 'trabajador quemado' o el acoso laboral, pese a que hoy siguen produciéndose, centraban la atención de los profesionales en esta materia. Es el análisis que realizó la responsable regional de Salud Laboral del sindicato, Raquel Payo, en el balance del año pasado. Un ejercicio marcado, pese al descenso de la cifra de trabajadores ocupados, por los malos datos en cuanto a siniestralidad laboral se refiere en la Región. Y es que Castilla-La Mancha se convirtió en la tercera comunidad con más accidentes laborales del país.
Les reducen la jornada un 75 por ciento para que sigan haciendo la misma cantidad de trabajo
