FERNANDO RODRIGO

Asistimos a un aumento acelerado de las enfermedades alérgicas en la población general. Este fenómeno tiene una clara relación con la contaminación creciente del medio ambiente por sustancias sensibilizantes. El medio laboral es un exponente claro de esta situación. En los ambientes laborales, la utilización de un elevado número de alérgenos químicos, vegetales y biológicos ha extendido el riesgo de alergia a un gran número de trabajadores.

Las consecuencias sociolaborales para los trabajadores afectados pasan, en la mayoría de las ocasiones, por un cambio de profesión cuando no por el desempleo, pues son pocas las incapacidades permanentes reconocidas por esta causa y pocas también las empresas que ofrecen al trabajador o trabajadora un cambio de puesto de trabajo. Las alergias se presentan, generalmente, tras años de ejercicio profesional, lo que significa que las personas se ven abocadas a cambiar de profesión en edades avanzadas, asunto especialmente problemático dado que deben enfrentarse simultáneamente al aprendizaje de una nueva profesión y a un mercado de trabajo que rechaza a los trabajadores veteranos.

Además, la cuantía de una pensión por incapacidad permanente, en el caso de que se le reconozca, es muy baja en comparación con lo que se gana estando activo y supone una merma drástica en los recursos monetarios para llevar una vida digna. Toda esta situación conlleva un sufrimiento moral añadido y es causa de depresiones y otro tipo de enfermedades mentales que hacen aún más penosas las consecuencias de las enfermedades profesionales de base alérgica.

Entre los colectivos laborales y actividades más afectadas están muchos formados mayoritariamente por mujeres: peluqueras, limpiadoras, trabajadoras del textil o del calzado, etc., que además de padecer especialmente la inexistencia de políticas preventivas se ven abocadas con el tiempo a procesos de exclusión social y pérdida de salud y de calidad de vida.

En resumen, estamos ante un tipo de patologías potencialmente incapacitantes, con consecuencias sociolaborales graves de pérdida de empleo y necesidad de reorientación profesional de los trabajadores afectados, escasamente reconocidas y prevenidas, que hacen ineludible que las Administraciones públicas competentes asuman el impacto que realmente tienen y que las empresas aseguren una prevención eficaz para evitarlas. a bordo.