InicioNoticiasÍndiceRevistero por temasSuscripciónEvaluación   Revista de salud laboral para delegadas y delegados de prevención de CC.OO.
ISTASBuscarBúsqueda avanzadaInformaciónContacto
artículo siguiente
artículo anterior
Sumario nº 47
imprimir
Enviar a un compañero/a
Comentar el artículo
Descargar núm 47 en PDF
Ignacio Fernández Toxo. “No es tolerable que los trabajadores tengan que ir a los tribunales para conseguir el reconocimiento de la enfermedad profesional”

FERNANDO RODRIGO El secretario general de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, participó en el II Encuentro de Delegados y Delegadas de Prevención y manifestó con claridad la centralidad de la salud laboral en la acción del sindicato. Frente a la patronal que exige reformas laborales, Toxo tuvo un mensaje claro: “La única reforma que cabe, es la que mejore las condiciones de trabajo”.

Has reconocido los avances en salud laboral en los últimos años, pero has criticado duramente la situación existente en torno a las enfermedades de origen laboral.

Efectivamente, los delegados y delegadas de prevención y los cuadros sindicales han hecho un trabajo ingente, no siempre bien comprendido por el propio sindicato. Era muy difícil permeabilizar las tablas reivindicativas de aquellos convenios en los años setenta y en los ochenta y convencer a propios y a extraños de que “la salud no se vende, se defiende”, pero hoy podemos decir que lo hemos logrado en buena medida. Hemos conseguido una reducción importante de los accidentes, sobre todo de los mortales, recuerdo en buena medida cómo en mi época como trabajador en Bazán teníamos accidentes gravísimos.

Ahora estamos luchando por “hacer visible lo invisible”, por eso está muy bien elegido el tema central de este encuentro en torno a las enfermedades de origen laboral, que en España están en una situación inaceptable. El Ministerio de Trabajo y el de Sanidad tienen una importante responsabilidad. No puede haber espacios para la impunidad en el tratamiento de la salud y la seguridad. Exigimos, por lo tanto, contundencia y rigor a las Administraciones públicas, en particular a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, también en el ámbito penal, para afrontar y resolver los problemas derivados de las enfermedades profesionales.

Hablaste de un cambio radical en el enfoque de las enfermedades profesionales, ¿en qué se concreta ese cambio?

En primer lugar hay que empezar por reconocer la crudeza de una situación que nadie quiere reconocer. En el tema de las enfermedades originadas en el trabajo estamos hablando de una incidencia mucho más elevada que la que refleja cualquier estadística. El informe elaborado por ISTAS pone de manifiesto la gravedad de la situación, ya que frente a unas estimaciones serias y rigurosas de unas 16.000 muertes anuales por enfermedades de origen laboral, las reconocidas oficialmente son 0. Y frente a unas 100.000 enfermedades estimadas al año, el reconocimiento real es de unas 18.000 en la actualidad, la mayor parte sin baja. Y no es demagogia. No está construido con elementos demagógicos el informe de ISTAS. Está realizado con parámetros bien solventes y creo que poco contestables. Y esa realidad es la que nos lleva a exigir un cambio de posición, un cambio de actitud, un cambio radical en nuestro país en el abordaje de las enfermedades laborales.

No es tolerable lo que sucede a estas alturas del siglo XXI con el amianto. Todos recordamos lo del aceite de colza, que fue un drama y que generó muchos dramas personales, que creó una gran alarma social y tuvo un tratamiento seguramente insuficiente para las personas y las familias que padecieron las consecuencias del mismo, pues no es nada comparable con la incidencia del amianto en los centros de trabajo y sobre la salud de las personas. Y ante esto, lo que hacen las Administraciones es mirar para otro lado y dejar hacer a las mutuas, que continúan ocultando y negando las enfermedades profesionales.

En las experiencias presentadas por los delegados y delegadas de prevención pudimos ver cómo la lucha por el reconocimiento es un sufrimiento añadido para las víctimas y sus familiares.

Sí, así es, y desgraciadamente no es tolerable que a estas alturas cada una de las personas, sus familias, tenga que acudir sistemáticamente a los tribunales para conseguir el reconocimiento. Los sindicatos hemos de adoptar una fuerte iniciativa para que se produzca un reconocimiento social pleno de lo que ha generado el amianto en nuestro país. Considero que la salud en el ámbito laboral y salud pública deben ir de la mano, no pueden moverse en espacios paralelos. La salud laboral es salud pública y el Sistema Nacional de Salud no puede mirar permanentemente hacia otro lado, como si no fuese con ellos. Tenemos que seguir trabajando para que, frente a todas las incomprensiones, esto se incorpore con plenitud a las agendas de todos los departamentos ministeriales que tienen que comprometerse con la vigilancia y el cuidado de la salud de los trabajadores y las trabajadoras. Necesitamos una nueva relación con la enfermedad profesional para poder actuar de forma preventiva.

El énfasis en la prevención, ¿es la pieza clave de la estrategia de CCOO?

En la prevención está gran parte de la solución de los problemas, hay que anticiparse y no limitarse a actuar cuando la enfermedad ya se ha manifestado, habrá que tener actuaciones paliativas, pero lo fundamental es la acción preventiva. Y ahí es donde hemos de seguir avanzando y podemos hacerlo. Tenemos nuevos instrumentos, los hemos creado en cooperación con otras organizaciones. Hemos desarrollado en el último período una negociación que ha derivado en el acuerdo de la Estrategia Española de Salud y Seguridad. Un buen instrumento a condición de que se utilice, se desarrolle y se aplique. Lo hemos hecho después de un largo recorrido y en medio de una fuerte resistencia. Tenemos ISTAS, que elabora las herramientas que necesitamos y proporciona asesoramiento y formación a la gran fuerza del cambio que son los delegados y delegadas de prevención y los gabinetes de salud laboral. Ahora vamos a poder contar con la figura de los delegados y las delegadas sectoriales de prevención y eso es importantísimo porque tenemos un gran agujero en la PYME y en la microPYME. Y los delegados y las delegadas sectoriales son una herramienta ideal para cubrir este espacio donde desarrollan su actividad más del setenta por ciento de los trabajadores y trabajadoras en nuestro país. El reto, para los próximos años, es prevenir todos los daños de origen laboral, acometer de manera decidida las enfermedades profesionales y prevenir los riesgos que las generan.

¿Qué valoración haces del papel que están jugando las mutuas en la prevención?

No estamos satisfechos, sinceramente, con la función que juegan las mutuas en este momento. No podemos estarlo. Y como no estamos satisfechos, no podemos estar de acuerdo tampoco en que se amplíe el ámbito de intervención de las mutuas a la enfermedad común como demandan, con la excusa del absentismo laboral, las organizaciones empresariales. Una demanda que ha sido uno de los elementos que ha impedido, no el único, que renováramos el Acuerdo Nacional de Convenios para el año 2009. Las mutuas tienen que cambiar su relación con las enfermedades profesionales. Tal vez haya que ir a un cambio en profundidad. Tal vez sea el momento de que nos pongamos a reflexionar en relación con la modificación de la Ley de Mutuas. No es de recibo en una situación y en unas circunstancias como las que concurren en nuestro país, en relación con la salud en los centros de trabajo, que las mutuas generen año tras año excedentes y al mismo tiempo no se reconozcan las enfermedades, y por tanto no se den prestaciones económicas y sanitarias a las personas que las sufren.

¿Qué cambios serían necesarios?

Hace falta un cambio de la Ley de Mutuas que modifique su naturaleza y su dependencia. Y exigiremos, en ese cambio, la plena participación sindical en la gestión de las mutuas. Es un espacio que no puede quedar reservado exclusivamente, como sucede hasta ahora, a los empresarios. Tienen que ser de verdad mutuas de trabajo, donde tengan cabida los representantes de los trabajadores, no sólo cuando acuden a pedir sus servicios, sino en su control y en la gestión de las mismas, porque gestionan recursos públicos de la Seguridad Social y porque ofrecen prestaciones públicas. Las mutuas tienen que modernizarse y democratizarse para cumplir profesionalmente con sus competencias. No pueden ser instituciones de parte –empresariales– como lo son ahora, por más que haya cambiado su nombre. O se reforman o habrá que abrir otro tipo de debate.

Imprimir imprimir
Enviar a un compañero/a enviar a un compañero/a
Comentar el artículo comentar el artículo
Portada47ESPECIAL II ENCUENTRO
artículo siguiente artículo siguiente
artículo anterior artículo anterior
Sumario sumario