En febrero de 1998 el Congreso de los Diputados aprobaba por unanimidad una resolución instando al Gobierno a desarrollar un plan en contra de la siniestralidad laboral. En esa misma línea, UGT y CC.OO. presentaron tras el verano una propuesta de ³Plan de Choque² al Ministerio de Trabajo. El pasado 29 de octubre se aprobó, en el seno de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Plan de Acción sobre la Siniestralidad Laboral que fue presentado públicamente a primeros de noviembre.

El Plan propone actuaciones que se llevarán a cabo en 8 áreas diferenciadas:

• Sensibilización para una cultura de la prevención.
• Promoción y apoyo de la actividad preventiva en el trabajo.
• Formación para la prevención.
• Fomento e incentivación de la actuación preventiva.
• Reforzamiento de las actividades de investigación, análisis y estudio.
• Acciones legislativas y acciones complementarias para la aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales.
• Reforzamiento de la eficacia de las actuaciones en materia de vigilancia, de control y sancionadora.
• Coordinación y cooperación inter-institucional y entre las Administraciones Públicas, General del Estado y de las Comunidades Autónomas.

Entre las actuaciones concretas que se proponen cabe destacar:

• La potenciación del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo y de los Órganos Técnicos de las Comunidades Autónomas.
• La introducción de programas de formación y sensibilización en salud laboral en la educación primaria y en la formación profesional reglada.
• Fomentar la creación y funcionamiento de los Servicios de Prevención.
• Completar el desarrollo reglamentario de la LPRL.
• Establecer un Plan Nacional de la Inspección de Trabajo y adoptar medidas para asegurar el cobro de las sanciones.
• Declarar el 28 de abril como día de la seguridad y salud en el trabajo.
• La puesta en marcha de la Fundación prevista en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Las actuaciones deberán llevarse a cabo hasta el 2000. Los primeros objetivos deberán alcanzarse ya en 1999.
Se crea una Comisión de Seguimiento del Plan, integrada por representantes de la administración (central y autonómica), organizaciones empresariales y sindicatos.